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Si la democracia mata, la democracia muere – Inork ez du erahiltzerik eskubiderik. Estatuak ere ez” Gesto por la Paz. Donostia, 5 de mayo de 1995

Antes de aprobar la Constitución española de 1978, la extrema derecha, la Triple A y el Batallón Vasco Español (BVE), en relación al ‘caso vasco’ asesinaron a 10 personas. Durante los primeros años de democracia hasta 1989, el BVE, ‘incontrolados’ y el GAL asesinaron a 64 personas. De todas ellas, solo 32 eran militantes de ETA o simpatizantes de la izquierda abertzale.

Juan Carlos García Goena

Juan Carlos García Goena víctima de los GAL

El resto, esto es, las otras 32 personas asesinadas, no tenían absolutamente nada que ver con ese mundo al que, supuestamente, pretendían atemorizar. Estos casos de ‘víctimas colaterales’, o no se sabe bien cómo calificarlas, lo describe bien Luis Azpiolea en el artículo “Las otras víctimas” basado en el informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, que encabezaban Maixabel Lasa y Txema Urkijo.

Si cualquier asesinato es un drama tremendo, el absoluto desamparo en el que quedaban muchas de estas víctimas cuyos casos ni siquiera se investigaban, lo convertía en una tragedia de proporciones absolutamente inasumibles.

Los asesinatos cometidos por estos grupos terroristas provocaron una diferente reacción social según fuera la relación de la víctima con la izquierda abertzale, fundamentalmente, o la proximidad de aquella a su entorno inmediato, como es el caso del Bar Aldana en Alonsótegi. Aquí se puede ver algunas de las diferentes reacciones que causaron estos asesinatos:

Tanto las de la izquierda abertzale como las consideradas ‘daños colaterales’ de la guerra sucia fueron las grandes olvidadas de las instituciones hasta que llegó la Ley 32/1999 de Solidaridad con las víctimas del terrorismo que se reconocía a todas las víctimas por igual.

Pili Zabala

Pili Zabala se emociona durante su intervención en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco

Esto fue así, hasta que en 2011 el Gobierno de Rajoy promulgó la Ley 29/2011. En ella se dicen cosas interesantes como que “Los poderes públicos garantizarán en este sentido y en el ámbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas. Concretamente, trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas.” Sin embargo, en el caso de los asesinatos de los GAL, no parece que se está trabajando con ahínco por esclarecer la verdad –Guerra sucia I– y respecto a las víctimas, parece que quedan en un cierto desamparo: “La Justicia rechaza indemnizar a las víctimas de los GAL si han delinquido“.

Compartimos una de las conclusiones del Informe Foronda del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda: “La consideración social de las víctimas del terrorismo ha evolucionado de la indiferencia al compromiso público. Ellas, injustamente olvidadas durante largo tiempo, son el testimonio explícito del intento de imponer un proyecto político por la fuerza. Es inapropiado establecer diferencias categóricas entre las víctimas de los diferentes terrorismos, del mismo modo que no debe laminarse moralmente a estas últimas equiparándolas con, como hemos señalado en el anterior punto, las víctimas de su propia violencia cuyo sufrimiento puede ser el mismo, pero cuya significación política es diferente. La reivindicación de las víctimas de todos los terrorismos incluye ciertos casos en las que las mismas fueron víctimas y victimarios a la vez: torturadores del franquismo o militantes de organizaciones terrorista. Pero no se reivindica su pasado, sino la injusticia de su asesinato.

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Acto de Gesto por la Paz por las víctimas del GAL. Baiona, 30 de marzo de 1996

 

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